LOS ANGELES, 1 Jul. (Reuters/EP) -
Estados Unidos enviará a unos 140 inmigrantes ilegales, muchos de ellos mujeres y niños, de Texas a California a través de una estación de control fronterizo en la zona de San Diego, en momentos en que las autoridades federales luchan por manejar un gran flujo de inmigración centroamericana.
El alcalde de Murrieta, Alan Long, cuya comunidad de 107.000 habitantes se ubica 97 kilómetros al norte de San Diego, ha indicado en conferencia de prensa que las autoridades federales le han informado de que los inmigrantes llegarían el martes y muchos serían liberados para vivir con amigos o familiares en Estados Unidos.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha confirmado en un comunicado que los inmigrantes serían trasladados de Texas a estaciones de control fronterizo estadounidenses en el sur de California, pero se negó a decir cuántas personas llegarían.
Algunos serán liberados y se les pedirá que se presenten en 15 días ante una oficina de ICE, como parte de los procedimientos de deportación, según el comunicado.
"Claramente esta es una falencia en el cumplimiento de la ley federal, y está ampliando el costo y los recursos necesarios para manejar estas situaciones", ha señalado Long en conferencia de prensa.
Desde el martes, unos 140 inmigrantes tendrán que presentarse en la estación de control fronterizo estadounidense de Murrieta cada 72 horas durante algunas semanas, ha añadido.
FLUJO DE CENTROAMERICANOS
Las familias de inmigrantes que llegan al sur de California son parte de un gran flujo de centroamericanos --muchos de ellos niños-- que cruzan el Valle del Río Grande en Texas y logran sortear sin ser detenidos las agencias de inmigración y fronteras de Estados Unidos, según funcionarios.
En mayo, autoridades federales revelaron que estaban enviando a cientos de inmigrantes a estaciones de autobús en Phoenix y Tucson con una orden de presentarse ante una oficina de ICE en 15 días. Esa medida ha sido duramente criticada por el gobernador estatal y el fiscal general de Estados Unidos.
Una serie de funcionarios republicanos electos han dicho que el presidente Barack Obama estaba fracasando en asegurar la frontera y que debía deportar más rápidamente a los inmigrantes provenientes de Centroamérica.
La controversia se produce en momentos en que grupos estadounidenses presionan por una reforma política que permita acceder a la ciudadanía estadounidense a aproximadamente 11 millones de inmigrantes ilegales.
El republicano John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, dijo a Obama la semana pasada que su cámara no votaría este año una reforma inmigratoria. Obama se comprometió el lunes a trasladar recursos desde el interior de Estados Unidos hacia la frontera para hacer frente a la crisis de inmigración y anunció que optará por la vía ejecutiva para llevar a cabo cambios en el sistema migratorio ante la parálisis en el Congreso.