MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos ahora hace nueve años en Iguala, en el estado de Guerrero, han acusado al Gobierno el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de "no dar respuesta" ni información sobre el caso a pesar de las solicitudes realizadas.
El abogado de los familiares de los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, ha alertado de que "no se ha recibido información nueva" tras reunirse con altos cargos del Gobierno.
"En el informe del secretario de la Defensa Nacional no hay nada, no da respuesta, ni el presidente ni él", ha dicho Rosales, que ha trazado un paralelismo entre la postura del actual Gobierno y la llamada "verdad histórica" del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, que llevó al encarcelamiento del entonces fiscal general Jesús Murillo Karam.
Rosales ha aseverado que la investigación del Gobierno "se acerca más a la verdad histórica de la época de Peña Nieto", que apuntaba a que los estudiantes fueron detenidos al ser confundidos con miembros de un cártel rival. "La narrativa se refiere a estudiantes infiltrados y a una disputa entre bandos del crimen organizado, reduciendo totalmente la responsabilidad de las fuerzas de seguridad", ha lamentado.
"Lo que no se tiene son los documentos específicos que se están señalando en la solicitud", ha puntualizado Rosales, mientras que los padres de los desaparecidos han calificado de "falta de respeto" la postura del Gobierno, según ha recogido el diario 'El Universal'.
Los 43 estudiantes de la escuela rural para formación de maestros de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 después de ser perseguidos a tiros y detenidos por policías, que los entregaron a un grupo criminal por causas no esclarecidas en lo que muchos consideran un claro ejemplo de un caso de desaparición forzosa por parte de las fuerzas mexicanas.
La hipótesis oficial de que fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula fue refutada por los expertos, que consideran que no existen evidencias científicas para sostenerlo. A esto se suma el informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia, que apunta a que la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado.