Foto: ENRIQUE MARCARIAN / REUTERS
El exdictador reconoció ante la prensa el asesinato y desaparición de entre 7.000 y 8.000 personas para evitar protestas
MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -
El fiscal que investiga el Plan Cóndor, Pablo Ouviña, ha anunciado su intención de utilizar las declaraciones a la prensa del recientemente fallecido exdictador argentino Jorge Rafael Videla --procesado y condenado por crímenes contra la Humanidad-- en las que esté admitió el asesinato y desaparición de miles de personas, según ha informado el diario 'La Nación'.
En una de las declaraciones ofrecidas a la prensa en los últimos meses por Videla, y que serán llevadas a la Justicia como material probatorio de crímenes contra la Humanidad, el exdictador --fallecido el viernes en el penal de Marcos Paz-- llegó a reconocer que "se asesinó a 7.000 u 8.000 personas" para evitar protestas "dentro y fuera del país".
Aunque es obvio que Videla ya no podrá ser acusado, recuerda el rotativo, sus declaraciones a la prensa podrían servir de pruebas contra otros imputados, según señaló Pablo Ouviña, quien investiga la operación criminal orquestada por las dictaduras de América latina en la década de los años setenta para asesinar y hacer desaparecer opositores políticos.
Hasta su muerte, Videla era el principal acusado en dicho proceso, que se desarrolla actualmente en el Tribunal Oral Federal número uno de Buenos Aires. El máximo exponente de la última dictadura militar había declarado el pasado miércoles ante los jueces que se trataba de un "preso político" y que no reconocía al tribunal civil que lo juzgaba.
El fiscal Ouviña ha reconocido que, con la muerte del represor, el juicio "no será lo mismo", pero ha adelantado que se tendrán en cuenta las entrevistas. "Las manifestaciones públicas se van a utilizar en el juicio. Todo se puede utilizar, después los jueces van a asignarle valor", ha explicado.
"Ya no tenemos capacidad para seguir juzgándolo", ha señalado Ouviña, quien ha admitido que una declaración a la prensa "no es lo mismo que una declaración indagatoria" y ha lamentado que Videla se hubiera negado a declarar hasta sus últimas horas.
"Lo que se ha muerto con Videla es un poquito de esperanza. Por todas las cosas que no dijo y que pudo haber dicho. Mi esperanza era que en algún momento lo hiciese", ha indicado el fiscal en declaraciones a Radio América. Según Ouviña, la principal dificultad para el acceso a información fundamental en la causa es el "pacto de silencio" que existe entre los involucrados "desde el momento mismo en que se inició la represión".
"SECRETOS A LA TUMBA"
En el mismo sentido se pronunció ayer sábado León Arslanian, quien integró el tribunal que enjuició a la Junta Militar en 1985. "Se llevó a la tumba secretos sobre cada una de las operaciones y el destino de las personas desaparecidas", declaró el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Videla cumplía en el penal federal de Marcos Paz la condena que se le había impuesto en 1985 en el llamado 'Juicio a las Juntas'. En diciembre de 2010, el Tribunal Oral Federal número uno de Córdoba lo condenó a prisión perpetua por el fusilamiento de 31 presos políticos detenidos en la Unidad Penitenciaria número uno.
En julio de 2012, el Tribunal Oral Federal número seis lo condenó por idear y ejecutar un plan sistemático y generalizado para robar y ocultar bebes nacidos en cautiverio durante la última dictadura militar. Este tribunal le dictó una pena a 50 años de prisión y unificó las sentencias anteriores en una pena única de reclusión perpetua.
Videla estaba pendiente de otros seis juicios orales en un futuro próximo, entre ellos una megacausa de más de 550 víctimas en el área del I Cuerpo del Ejército, en la que era el único imputado. Por otra parte, estaba procesado en una veintena de causas en Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, Mendoza, Rosario, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán y La Rioja.
"ENMASCARAMIENTO DE UNA MUERTE"
En abril de 2012, Videla reconoció ante el periodista Ceferino Reato lo que nunca había admitido en los juicios por su responsabilidad al frente del gobierno 'de facto' (1976-1981) y lo sistemáticamente se había negado a declarar a los jueces: que los cadáveres de los asesinados habían sido eliminados.
"Para no provocar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera", afirmó, citado por 'La Nación'. Y añadió: "Cada desaparición puede ser entendida, ciertamente, como el enmascaramiento de una muerte".
"No había otra solución. Estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra contra la subversión y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta", reconoció el exdictador.