BUENOS AIRES, 24 Sep. (Notimérica/EP) -
El Gobierno de Argentina ha informado a los tenedores de deuda que se sumaron a las reestructuraciones de 2005 y 2010 que pueden pedir como bonistas del Bank of New York Mellon (BONY) que se retire de sus funciones y nombre en su lugar a otro agente fiduciario, si consideran que este no cumple con sus funciones.
BONY es uno de los bancos, junto a Citibank, que retiene el pago que el Gobierno ha efectuado a los bonistas que se sumaron a la reestructuración de la deuda después de que el juez estadounidense Thomas Griesa ordenara el bloqueo hasta que Argentina no pagara unos 1.500 millones de dólares a los fondos de cobertura --llamados 'fondos buitre'-- que rechazaron los canjes ofrecidos por el Ejecutivo.
El Gobierno ha aclarado que cualquiera de los bonistas está en condiciones de reclamar a BONY que se separe de su cargo, mientras que ha explicado que esto no impide que los tenedores "impulsen otras acciones también para hacer cumplir sus derechos" como interponer apelaciones a las órdenes de Griesa "en la causa NML Capital Ltd. contra la República Argentina", según aparece en la página oficial del Gobierno.
El Ejecutivo ya ha solicitado a BONY que presente su renuncia como agente fiduciario porque "no cuenta con una oficina" suya "o que le represente" en Buenos Aires, mientras que recuerda que el Banco Central retiró las autorizaciones a las dos personas que se encargaban de representar al agente en Argentina.
"Cabe añadir que BONY incumplió también el Convenio de Fideicomiso 2005-2010 al no advertir ni a los bonistas ni a la República acerca de este significativo cambio de estatus, que lo pone en una situación de incumplimiento y que lo obliga a renunciar de forma inmediata e incondicionada", se ha apuntado en el escrito.
Asimismo, el Ejecutivo ha insistido en que el Gobierno ya depositó el pasado mes de junio el pago a los bonistas que se sumaron a la reestructuración, pero que BONY continúa haciendo "caso omiso" a las solicitudes del Gobierno.
El Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se niega a pagar a los llamados 'fondos buitre' porque sostiene que eso provocaría demandas de los tenedores de deuda reestructurada por 120.000 millones de dólares, según una cláusula que vence el 31 de diciembre de 2014.
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