MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
El expresidente de Bolivia Evo Morales ha denunciado este sábado las acciones "terroristas" del Gobierno del presidente Luis Arce y ha defendido su huelga de hambre como un acto de protesta ante la coacción y la falta de diálogo, al tiempo que ha demandado la intervención de la comunidad internacional en el país.
"El gobierno aplica el terrorismo de Estado", ha aseverado Morales en una publicación en la red social X en la que ha manifestado que su "huelga de hambre es para que cese la represión y se instale de inmediato un diálogo sincero con acompañamiento internacional, junto a países amigos y organismos internacionales".
El exmandatario ha señalado que el Gobierno conocía sus demandas "desde principios de septiembre" y ha criticado que, lejos de atenderlas, Arce ha respondido con "la represión, el atentado contra (su) vida, la guerra judicial y la toma como rehenes de decenas de (sus) compañeros", que han sido trasladados a la capital boliviana, La Paz.
"Ante ello, insistimos en la presencia internacional", ha concluido Morales en su breve mensaje, un pronunciamiento que llega después que él mismo pidiera este viernes a sus acólitos que levantaran los bloqueos que desde hace 19 días han obstruido decenas de vías de comunicación, al tiempo que se declaraba en huelga de hambre y solicitaba al Gobierno establecer una mesa de diálogo.
Hace algo más de dos semanas, los seguidores de Morales comenzaron a levantar bloqueos en varios puntos de la geografía boliviana, especialmente en Cochabamba --bastión del expresidente--, pero también en otras áreas de Potosí, Oruro, o Santa Cruz.
Las protestas, que si bien en un principio estaban motivadas por la crisis económica, han servido para reclamar las aspiraciones políticas de un Morales, que a pesar de no estar habilitado insiste en presentarse a las nuevas elecciones. Los enfrentamientos con las autoridades han ido en aumento especialmente esta semana, después de que denunciara un supuesto plan para acabar con su vida.
Mientras tanto, Morales tiene varias causas judiciales abiertas. A las denuncias por los destrozos que se originaron durante la gran movilización que encabezó en septiembre, se han sumado recientemente los ataques a la Policía y sobre todo un supuesto abuso de menores y trata de personas por una relación que tuvo con una menor de 16 años cuando era presidente, y de la que nació una niña.