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La derogación de la Alianza Público-Privada condiciona la presencia de los campesinos en una mesa de diálogo con el Gobierno
ASUNCIÓN, 26 Mar. (Notimérica/EP) -
El dirigente sindical de la Central Única de Trabajadores (CUT) de Paraguay, Bernardo Rojas, ha estimado este miércoles que la huelga general está siendo secundada por al menos el 80 por ciento de los trabajadores, así como por los miembros de los distintos grupos sociales que decidieron apoyar los paros para protestar contra las políticas económicas del presidente del país, Horacio Cartes.
Rojas ha precisado que, si bien dispondrá de datos más precisos una vez finalicen las movilizaciones que están teniendo lugar en todo el país, el seguimiento de la huelga ha sido mayoritario, gracias no solo a los trabajadores, sino también a la presencia de distintos sectores de la sociedad civil paraguaya, como los estudiantes o los campesinos.
La presencia campesina en la movilización se encuadra en la marcha por los derechos de los labriegos que inician todos los años desde varios puntos del país hacia Asunción, donde celebran un acto en el que leen sus principales reivindicaciones, que no son otras que una reforma agraria que haga una mejor redistribución de las tierras, en manos de los grandes terratenientes desde la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), y el fin de la represión de la lucha social.
El sector de la enseñanza también se ha volcado con la huelga general, a tenor de las informaciones oficiales. Así, según el Ministerio de Educación, pese a que el 85 por ciento de los centros escolares de la capital han abierto sus puertas, la presencia de estudiantes y de personal docente es simbólica, tal y como han señalado los medios paraguayos.
El Congreso Nacional, ubicado en la plaza de Armas de Asunción, es el epicentro de las protestas y el punto de encuentro donde tendrán lugar los actos de reivindicación de todos los sindicatos y agrupaciones que marchan hoy por las calles de la capital.
MARCHAS PACÍFICAS
Las marchas contra las medidas económicas de Cartes, un empresario que encara su primer mandato presidencial con escasa experiencia política, han colapsado las principales arterias de Asunción y de otras ciudades en al menos trece departamentos del país. Los piquetes informativos han bloqueado algunas carreteras y centros neurálgicos.
Hasta el momento, no se han producido incidentes de mayor relevancia, pese a que el Gobierno ha estado alertando de la posibilidad de que se produjeran altercados violentos, desde que los principales sindicatos informaran de su intención de acudir a la huelga, entre otras cosas, por la precariedad económica y social a la que tienen que hacer frente muchas familias paraguayas.
Rojas ha criticado que "el lenguaje violento del Gobierno" ha quedado en evidencia, después de ver cómo durante las primeras horas de las movilizaciones no se han producido incidentes de importancia. En ese mismo sentido se ha manifestado el senador del partido Avanza País Adolfo Ferreiro, quien ha señalado tras visitar los principales piquetes de la capital el carácter pacífico de los mismos.
"Mi principal impresión es que los lugares que hemos visitado están marcados por una amplia vocación pacífica y de buen acompañamiento", ha resaltado Ferreiro junto a su compañero de partido Miguel López Perito, según ha informado el diario paraguayo 'ABC Color', que también se ha hecho eco de las declaraciones de los portavoces de la Policía, destacando la ausencia de incidentes importantes.
RECHAZO A LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA
La participación de la XXI Marcha Campesina en la huelga general es un hecho sin precedentes, pues hasta el momento las reivindicaciones de los trabajadores del campo y la del resto de los miembros de la clase obrera paraguaya iban por separado.
Cartes ha conseguido aunar a todos los trabajadores del país en contra de una de sus principales políticas económicas, la Alianza Público-Privada (APP), vista por parte de la sociedad civil como una invitación a la privatización de los recursos y los servicios básicos de Paraguay.
La beligerancia para con la APP es tal, que los campesinos han condicionado su presencia en cualquier diálogo con el Gobierno, quien se apresuró a proponer una mesa de negociación una vez vio que la huelga era irreversible, a la derogación de esta ley.
"Evidentemente esta es una maniobra más del Gobierno, que solo acude al diálogo cuando se realizan grandes manifestaciones, para luego nunca llegar (a nada)", han manifestado desde la Federación Nacional Campesina (FNC).
Una postura contraria ha tomado la CUT, que, si bien en un principio aseguró que no participaría en ninguna negociación con el Gobierno hasta que no se amoldara a sus reivindicaciones salariales, finalmente participarán en una mesa de diálogo de la que Cartes se ha desentendido al delegar en su vicepresidente, Juan Afara, la gestión del debate.
REIVINDICACIONES
Además de la supresión de la APP, los trabajadores, que tienen que acudir al contrabando para completar las necesidades básicas, han rechazado la propuesta del Gobierno de subir un 10 por ciento el salario mínimo y han sostenido que el reajuste del mismo debería ser del 25 por ciento.
En ese sentido se mueven el resto de peticiones. Los sindicatos exigen que los precios de los productos básicos estén regulados por ley; que se reduzca el precio del transporte público, al cual muchas familias destinan hasta el 30 por ciento de su salario; y que los seguros sociales se amplíen a más sectores de la sociedad.
Por su parte, el sector educativo lleva desde que se inició el curso, hace poco más de un mes, alertando de la precariedad de muchos centros, así como de las carencias en material básico para poder impartir las clases con normalidad.
La situación es especialmente grave en algunos municipios del interior del país, como el de Lima, en el departamento de San Pedro, donde han denunciado que los jóvenes estudian en barracones de madera, y algunos incluso bajo los árboles.
Una educación gratuita y de calidad, así como un mejor control en la redistribución de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), organismo que ha sido denunciado en varias ocasiones por el escaso seguimiento que hace del dinero que se entrega a los departamentos encargados de invertir en los centros, son otras de las demandas de los estudiantes.