MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Administración del presidente Donald Trump ha solicitado este sábado al Tribunal Supremo estadounidense que revierta su decisión de bloquear la deportación de venezolanos al amparo de la llamada Ley de Enemigos Extranjeros, usada por la Casa Blanca para encarcelar en El Salvador a migrantes irregulares acusados de pertenencia a organización terrorista.
El procurador general John Sauer ha señalado en un escrito de 15 páginas recogido por Bloomberg que la defensa de los detenidos se precipitó al acudir directamente al Supremo sin que instancias judiciales inferiores conociesen del caso y de sus alegaciones.
Sauer --principal representante legal del Ejecutivo ante la Corte Suprema-- ha argumentado que "los tribunales inferiores no han establecido hechos esenciales en este caso" y que aún no se ha investigado adecuadamente "el momento, la naturaleza y la forma de la notificación del Gobierno" a los implicados.
En esta línea, ha reclamado al Supremo que, en caso de mantener su dictamen, aclare si este interfiere con el recurso por parte del Gobierno a otras vías legales para efectuar deportaciones, como las leyes migratorias vigentes.
La petición de la Administración estadounidense llega después de que el Supremo ordenara a Trump suspender "hasta nueva orden" las expulsiones basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros.
La orden afecta particularmente a los detenidos ahora mismo en el centro de detención de Bluebonnet, en el norte del estado de Texas, acusados de formar parte de la organización criminal Tren de Aragua.
La decisión del tribunal fue publicada a primera hora del sábado tras un litigio de emergencia impulsado por los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ante una nueva partida inminente de expulsión de venezolanos detenidos. Todos ellos, según la apelación presentada por la ACLU, estaban siendo "subidos a autobuses, presumiblemente con destino al aeropuerto".
Al declarar al Tren de Aragua como entidad terrorista, la Administración Trump argumenta que acabó facultada para aplicar esta polémica ley, redactada en el siglo XVIII para su uso en tiempo de guerra.
La ley solo se ha invocado en tres ocasiones anteriores en la historia de Estados Unidos, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial para recluir a civiles estadounidenses de origen japonés en campos de internamiento.
La Administración Trump, no obstante, ha terminado empleando la ley para expulsar "en caliente" a los migrantes que identificaban como miembros de esta organización criminal, independientemente de su estatus migratorio y sin cumplir el protocolo necesario.