El representante legal ha declarado como testigo que la tecnológica aportó unos 50.000 euros en capital humano
MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
El representante legal de Telefónica ha asegurado este miércoles en sede judicial que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, contactó con el empresario y accionista de la 'teleco' Rosauro Varo para que mediara y consiguiera que la compañía participase en el desarrollo de un 'software' de la Universidad Complutense de Madrid.
Fuentes jurídicas confirman a Europa Press que así se ha pronunciado el enviado de la compañía en su declaración como testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, en el marco de la investigación que se sigue contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
Las fuentes consultadas precisan que el representante legal de Telefónica ha relatado que la propia Begoña Gómez llamó por teléfono a Varo para conseguir apoyos de Telefónica para el desarrollo del 'software' de la cátedra Transformación Social Competitiva (TSC) de la Compluntense.
El testigo ha indicado que llegaron a celebrarse al menos dos reuniones con Telefónica en diciembre de 2021 y que en una de ellas habría estado presente Gonzalo Martín-Villa, entonces consejero delegado de Telefónica IoT & Big Data Tech, según las mismas fuentes.
El representante legal de la empresa también ha señalado que en dichas reuniones se dijo que el 'software' sería para la Complutense y quedaría en propiedad de la universidad. Asimismo, ha apuntado que la inversión de Telefónica en el proyecto habría sido de unos 50.000 euros, aunque no en metálico sino en mano de obra; en concreto, destinó a tres personas al desarrollo de dicho 'software'.
SUSPENDIDA LA DECLARACIÓN DE GOOGLE E INDRA
Aunque estaba previsto que este miércoles también declararan los representantes legales de Google Spain, de Indra y de Arsys Internet, finalmente solo se ha celebrado el interrogatorio al representante de Telefónica.
Las fuentes consultadas explican que en el caso de Google Spain y de Arsys Internet hubo problemas técnicos para llevar a cabo la videoconferencia, mientras que en el caso de Indra el juez consideró que el representante que acudió no era el que tenía que comparecer.
En el sumario de la causa consta que Indra informó por escrito al juez a principios de diciembre de que invirtió 128.442 euros en el 'software'. Por su parte, esta misma semana ha trascendido que Google ha comunicado al juzgado que invirtió 110.000 euros.
Otra declaración que no se ha podido celebrar este miércoles, por un error en la citación, es la de Elvira Sánchez Trompeta, quien fuera jefa del régimen administrativo y económico del Ayuntamiento de Madrid cuando se aprobó un contrato con una empresa de Juan Carlos Barrabés, también investigado en la causa.
Según las fuentes mencionadas, sí han declarado este miércoles quienes fueran vicerrectores de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la UCM Juan Carlos Doadrio y José María Coello de Portugal.
Cabe recordar que ambos excargos de la Complutense ya comparecieron con anterioridad ante el juez Peinado. El pasado julio declararon que no tenían competencias sobre las facturas de la cátedra de Gómez, incluidos los pagos derivados del software desarrollado en el marco de dicha cátedra, según apuntaron entonces a Europa Press fuentes presentes en la declaración. Este miércoles han ratificado sus declaraciones.
LA INVESTIGACIÓN DEL 'SOFTWARE'
Las citaciones han tenido lugar después de que el pasado octubre el juez ampliara la investigación contra Gómez para indagar en la querella que presentó Hazte Oír por presunta apropiación indebida del 'software' de la UCM y por supuesto intrusismo en la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de asistencia y asesoría técnica para crear dicho 'software'.
La defensa de Gómez, a cargo del exministro socialista Antonio Camacho, defendió por escrito que si la esposa de Pedro Sánchez había firmado el pliego de prescripciones técnicas fue "porque la UCM así se lo indicó expresamente".
El abogado también aportó correos que, a su juicio, prueban que dos miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense le señalaron "cómo debía registrar" el dominio de Internet por el que ahora se le investiga. Sobre este extremo, incidió en que el registro de dicho dominio "fue realizado siguiendo las instrucciones de la propia UCM".
En su última declaración, celebrada el pasado diciembre, Gómez descartó a preguntas de su abogado que se apropiase de las marcas al inscribir TSC Transformación Social Competitiva o del software de la cátedra que --según insistió-- había sido financiado por empresas, por lo que negó que tuviese ánimo de lucro alguno, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas.